Los exalcaldes de Silvia, Gabriel Eduardo Pillimue Potosí, y de Villa Rica, Arie Aragón, en el departamento del Cauca, fueron condenados por jueces competentes, en sentencias independientes, a ocho años y seis meses de prisión el primero y a cinco años y dos meses de prisión el segundo, por la comisión de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, según sentencias de primera instancia.
En el caso del municipio de Silvia, también fueron cobijados por la sentencia el extesorero Kevin Amilkar Calambás, y los particulares Héctor Jairo Bonilla López y José Fernando Naranjo Zambrano quienes resultaron condenados a seis años de prisión.
Esta decisión jurídica se dictó luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableciera que, en febrero de 2008, los entonces alcalde y tesorero de Silvia entregaron 1.500 millones de pesos a Naranjo Zambrano, quien era asesor comercial de una empresa privada, cuyo gerente era Bonilla López.
De esta manera, la Administración Municipal confió recursos públicos a una empresa con el propósito de que los invirtiera en Títulos de Tesorería TES del Banco de la República. Esta actuación se respaldó con la firma de una ‘nota estructurada’, la cual precisaba que la Alcaldía de Silvia recibiría 73 millones de pesos en seis meses por concepto de intereses.
La investigación permitió conocer que, previo al direccionamiento del dinero, los exfuncionarios no realizaron estudios previos para sustentar la necesidad y conveniencia de realizar la inversión en TES. Adicionalmente, evidenció que la empresa privada que administró los 1.500 millones de pesos no estaba autorizada para ejercer funciones de banco, corredora de valores ni estaba inscrita o reconocida en las bolsas de valores, por lo que no podía captar dinero.
Asimismo, se identificó que los intereses finales por la operación generaron intereses por encima de los 500 millones de pesos. Sin embargo, la Administración Municipal sólo recibió 73 millones, como se había pactado de manera irregular, por lo que se ocasionó un detrimento patrimonial que ascendió a 474 millones de pesos.
El fallo en contra de los involucrados impuso multas, de 488 millones de pesos para el exalcalde Pillimue Potosí y de 474 millones de pesos para los demás sentenciados. También precisó que la pena deberá cumplirse en centro carcelario tan pronto quede ejecutoriada la condena.
Probolsa S.A. terminó envolatando recursos de gobernaciones como la del Cauca, Nariño, Meta, Casanare y de varios municipios como Arauca y Silvia.
Nuevamente envían a la cárcel a Arie Aragón exalcalde de Villa Rica y a otros exfuncionarios
En lo atinente con los exfuncionarios del Municipio de Villa Rica, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada, el pasado 06 de junio de 2023, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exalcalde Arie Aragón, el arquitecto Héctor Fabio Escobar Machado, exfuncionario de la oficina de Planeación municipal, y la jurídica Oriana Jaxili Santacruz Castillo, por la comisión de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estas personas fueron condenadas, cada una, a 64 meses de prisión intramural y al pago de 66.66 SMLV (77’325.600 pesos colombianos). Oriana Santacruz fue beneficiada con prisión domiciliaria.
Por su parte, el ingeniero contratista John Jairo Escobar Segura fue condenado a 48 meses de prisión intramural y al pago de 50 SMLV (58’000.000 de pesos colombianos).
Antecedentes
Estos personajes (excluyendo a la abogada Oriana Santacruz Castillo), ya habían tenido una audiencia de legalización de captura solicitada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, por los citados delitos cometidos en ejecución del contrato 044 de 2011, prestación de servicios profesionales, para una interventoría, por 20 millones de pesos.
La captura fue realizada el martes 28 abril de 2015, pero el martes 28 julio de ese mismo año, un juez en control de garantías de la ciudad de Popayán revocó la medida de aseguramiento.
El proceso siguió su marcha y la semana pasada fue el Juez Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada quién expidió las sentencias descritas.
Esta decisión es de primera instancia y las personas involucradas en el proceso manifestaron que interpondrán en los plazos legales los respectivos recursos de apelación.
